Prevenir la recurrencia del maltrato en niñas, niños y adolescentes es un tema que despertó el interés de Lorena Contreras, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales (UDP), desde los inicios de su carrera. “Durante mi tesis empecé a trabajar con el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, y luego me involucré directamente en casos de violencia hacia niños y niñas. Siempre se hablaba de prevenir que volvieran a ser víctimas, pero no había claridad sobre cuáles eran los factores de riesgo o protección. Esa pregunta me acompañó durante años y finalmente se transformó en el eje de mi tesis doctoral”.
Según cuenta, luego en sus años como coordinadora del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), donde atendía menores víctimas de abuso sexual, era habitual que un niño luego de realizar un proceso psicoterapéutico y reparatorio, volviese a ingresar como víctima dos años más tarde. “Entonces surge la pregunta ¿por qué un menor víctima de un delito que fue protegido, donde se activó el sistema penal y de protección y contó con terapia reparatoria, vuelve a ser víctima de maltrato?”
Desde el punto de vista de la victimología, la victimización previa sienta las bases para que se instale una victimización posterior. “De alguna manera deja vulnerable a ese niño a que ocurra un nuevo episodio de victimización. Y esto tiene que ver con los factores de riesgo y de protección, y cómo se conjugan en la vida de una persona para hacer más probable la recurrencia de maltrato”.
Con estos antecedentes, Lorena se acercó a la Vicerrectoría de Investigación e Innovación UDP con el anhelo de desarrollar una herramienta que permita evaluar el riesgo de recurrencia de maltrato en niños, niñas y adolescentes, y prevenir una nueva victimización. “Llegué con una idea clara, pero sin saber cómo hacerlo, y su orientación fue clave. Me recomendaron partir con una postulación a fondos más acotados que me permitiera desarrollar un prototipo y convocar a otros profesionales”.
En 2023, se adjudicó el Fondo Interdisciplinario de Política Pública (FIPP) de la universidad. Y partir de ahí fue conformando un equipo interdisciplinario con los investigadores de la Universidad: Macarena Orchard, socióloga y directora del Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Facultad de Cs Sociales y Humanidades; Jonathan Frez, ingeniero civil en informática y director del Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, y Paulina Quilodrán, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias.
“Estos fondos internos fortalecen las capacidades investigativas, incrementan la productividad científica y ayudan a que los equipos se vuelvan más competitivos para postular a fondos mayores. En nuestro caso, nos permitió desarrollar el prototipo inicial de PROTEGE”.
En 2025, Lorena y su equipo se adjudicaron el fondo IDeA I+D de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que extendió el proyecto hasta 2027.
Con los fondos de ANID, se pasó de la conceptualización a un software, el cuál fue probado como piloto en una muestra de 640 casos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. En esta etapa, finalizada en febrero de este año, participaron 140 profesionales de diferentes proyectos de diagnóstico clínico especializado, que son la puerta de entrada de los menores al servicio.
Desde un comienzo, PROTEGE se pensó como una herramienta de bien social, que sería puesta a disposición del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y de sus profesionales. Esto, porque su objetivo principal es identificar aquellos niños, niñas y adolescentes que están en mayor riesgo de maltrato, y de esa manera permitir a los profesionales intervenir para disminuir ese riesgo y proteger su infancia.
“La evaluación de riesgo solo tiene sentido a la luz de la gestión del riesgo. Desarrollamos esta herramienta para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. El sistema permite una evaluación objetiva de los riesgos, pero no se queda ahí. Evalúo para generar una protección eficaz, de manera de restituir su derecho a una vida sin violencia”, comenta Lorena.
En ese sentido, PROTEGE integra una guía de juicio profesional estructurado con un instrumento digital diseñado para la valoración del riesgo de recurrencia de maltrato infantil. El sistema asiste al profesional para emitir una Valoración Global del Riesgo (Bajo, Medio o Alto), permitiendo que la toma de decisiones pase de la intuición a la evidencia empírica.
“La idea es que los profesionales puedan ingresar los casos, completar información sociodemográfica y responder una escala tipo Likert que evalúa 25 factores de riesgo y protección. Esta información se traduce en un perfil visual que estima el nivel de riesgo, y luego el profesional puede agregar otros factores que considere relevantes, que no están presentes en la escala original. Con los datos recopilados, queremos construir modelos predictivos que nos permitan estimar la probabilidad de recurrencia del maltrato”.
Tras el pilotaje, en agosto se realizará seguimiento a los 640 casos evaluados, a fin de determinar si en este periodo se reportó alguna forma de maltrato. De esta forma, agrega Lorena, se pretende evaluar la validez predictiva de la herramienta.
Una vez finalizado el proceso, PROTEGE será puesto a disposición del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. “Tendrán el licenciamiento del software para que pueda ser utilizado como mecanismo de evaluación en la totalidad de los niños que ingresan al sistema”.
Tal como explica Lorena, PROTEGE se inserta en el ecosistema chileno de la política pública de protección a la infancia. “Si pensamos en los beneficiarios, tenemos a los profesionales de la psicología y el trabajo social de los programas de Diagnóstico Clínico Especializado (DCE) a nivel nacional. A los niños, niñas y adolescentes vulnerados que requieren estrategias de protección efectivas para interrumpir trayectorias de violencia. Y a los 172 Tribunales de Familia del país, que recibirán insumos técnicos de mayor rigor para dictaminar medidas que garanticen la protección y ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes”.
La directora del proyecto, comenta que el objetivo es hacer de PROTEGE una herramienta dinámica, capaz de crecer en el tiempo. “Confiamos en que la información que levanta el software nos retroalimente para ir explorando nuevos factores de riesgo y de protección que pudiesen ser incorporados. No debemos olvidar que la herramienta se basa en la evidencia y literatura científica, la cual tiene la limitación de que se trata de investigaciones realizadas fundamentalmente en Estados Unidos y Europa. En ese sentido, suponemos que son factores de riesgo y protección equivalentes a los nuestros, pero intuimos que existen realidades culturales distintas que pueden incidir”.
Sobre los desafíos a los que se ha visto enfrentada, agrega: “Cuando uno piensa en proyectos de innovación, tiende a pensar en ciencia más dura, pero la verdad es que la innovación es transversal. Todas las disciplinas pueden desembocar en innovación. Hay que atreverse a pensarlo y asesorarse con equipos para ver de qué forma una idea se puede transformar en una innovación. Acercarse a las unidades de la universidad que están dispuestas para ello, porque el camino es desafiante, pero se puede”.
