El proyecto “Protege: Evaluación de riesgo victimal en niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos”, liderado por la académica de la Facultad de Psicología, Lorena Contreras, fue seleccionado en el concurso IDeA I+D de ANID, una de las convocatorias más relevantes del sistema de financiamiento de investigación aplicada en Chile.
La propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación que permite evaluar el riesgo de recurrencia de maltrato en niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de prevenir una nueva victimización.
También forman parte del equipo investigador la académica Macarena Orchard, de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia, y los de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Paulina Quilodrán y Jonathan Frez.
Conversamos con la académica respecto del origen del proyecto, su proceso, el trabajo interdisciplinario que lo sustenta y cómo se articula la investigación científica con los proyectos de innovación.
¿Cuál es el objetivo principal del proyecto y quiénes participan?
Protege es una metodología que busca anticiparse a nuevas situaciones de maltrato en niños, niñas y adolescentes que ya han sido víctimas de alguna forma de violencia y que se encuentran dentro del sistema de protección especializada. El corazón del proyecto es evaluar el riesgo de “recurrencia”, es decir, de que vuelvan a ser vulnerados en sus derechos.
Esto se basa en un dato clave que nos entrega la evidencia: el principal factor de riesgo para ser víctima de maltrato es haberlo sido antes. Incluso si el niño o niña es separado del agresor, esas medidas son generalmente temporales, porque el derecho a vivir en familia sigue siendo un principio rector del sistema. Por eso es relevante disponer de una herramienta concreta para anticipar esos riesgos, y eso es lo que busca entregar Protege a través de la plataforma digital que proponemos generar.
Esta etapa del proyecto, que se extenderá por dos años, cuenta con un equipo interdisciplinario que ha venido articulándose desde hace tiempo y mantenemos una colaboración formal con el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, gracias a un convenio firmado entre esta institución y la Universidad.
¿Cómo nació este proyecto? ¿Cuál fue tu motivación inicial para investigar este tema?
Mi interés por esta temática viene desde mis primeros años como psicóloga, egresada de la misma UDP. Durante mi tesis empecé a trabajar con el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, y luego me involucré directamente en casos de violencia hacia niños y niñas. Siempre se hablaba de prevenir que volvieran a ser víctimas, pero en ese entonces no había claridad sobre cuáles eran los factores de riesgo o protección. Esa pregunta me acompañó durante años y finalmente se transformó en el eje de mi tesis doctoral.
En esa investigación inicial me enfoqué en la revictimización en delitos sexuales, pero luego amplié la mirada a otras formas de maltrato. Estos fenómenos no son aislados: están interconectados y muchas veces se repiten en distintas etapas del ciclo de vida. Para prevenir, necesitamos comprender cómo se articulan. Si uno quiere prevenir la violencia, tiene que mirar sus diferentes manifestaciones.
¿Qué rol han jugado los fondos internos de la universidad en el desarrollo de esta iniciativa?
Estos fondos internos fortalecen las capacidades investigativas, incrementan la productividad científica y ayudan a que los equipos se vuelvan más competitivos para postular a fondos mayores, como el actual IDeA I+D.
Inicialmente estaba estudiando el abuso sexual infantil en residencias de protección, gracias al concurso interno de investigación para académicas. En ese estudio también trabajamos con el Servicio Nacional de Protección, observando cómo se llega a conocer una vulneración y qué facilita u obstaculiza ese proceso.
Posteriormente, nos adjudicamos el Fondo Interdisciplinario de Política Pública, una iniciativa de la Plataforma de Política Pública UDP, que busca generar propuestas de solución a desafíos de política pública. Eso nos permitió desarrollar el prototipo inicial de Protege.
¿Qué resultados ha generado hasta ahora esta línea de investigación? ¿Hay publicaciones o desarrollos concretos?
Sí, ya contamos con dos artículos académicos pioneros sobre revictimización sexual de niños y niñas en el país. Uno establece la magnitud y las características del fenómeno; el otro identifica cuáles son los factores de riesgo y protección en población chilena. Pienso que es un semillero que ofrece las primeras luces sobre un tema muy poco explorado a nivel nacional, lo que también es relevante ya que los factores de riesgo son permeables y sensibles a las condiciones culturales de cada país.
Ahora vamos a desarrollar una aplicación digital basada en los hallazgos de estudios previos. Esperamos que esta plataforma se convierta en una herramienta concreta para la prevención y sea incorporada por los profesionales del Estado responsables de hacer frente a esta temática.
¿Cómo visualizan el funcionamiento de esta plataforma digital y cuáles son sus expectativas con el desarrollo del algoritmo que están construyendo en el marco del proyecto adjudicado en el Concurso IDeA I+D de ANID?
Estamos desarrollando una plataforma digital dirigida a profesionales del área de protección especializada. La idea es que puedan ingresar casos asignados, completar información sociodemográfica y responder una escala tipo Likert que evalúa 25 factores de riesgo y protección en niñas, niños y adolescentes. Esta información se traducirá en un perfil visual que permitirá al o la profesional estimar el nivel de riesgo —bajo, medio o alto— y también agregar otros factores que consideren relevantes, pero que no estén en la escala original.
Pero no nos quedamos solo en ese diagnóstico. Con los datos recopilados, queremos construir modelos predictivos que nos permitan estimar la probabilidad de recurrencia del maltrato. Vamos a ensayar distintos enfoques, desde modelos logísticos hasta otros más complejos, incluyendo técnicas de inteligencia artificial. La expectativa es doble: por un lado, contar con una herramienta validada en el contexto nacional; por otro, que esta plataforma no solo informe sobre el riesgo, sino que oriente a los equipos hacia factores dinámicos —es decir, modificables— para intervenir y disminuir ese riesgo. El objetivo final es aportar a una mejor toma de decisiones que proteja el derecho de niños y niñas a vivir una vida libre de violencia.
